El cierre definitivo de las clínicas dentales Vivanta ha dejado a miles de pacientes en una situación de incertidumbre sanitaria y económica, con tratamientos interrumpidos y, en numerosos casos, cantidades abonadas por servicios que todavía no se han prestado.
Desde el Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Lugo (COEL) compartimos la preocupación expresada por el Consejo General de Dentistas de España y consideramos fundamental garantizar la continuidad asistencial y proteger los derechos de las personas afectadas.
La desaparición de la cadena se produce después de varias semanas de negociaciones para la adquisición de parte del grupo por Donte Group. Finalmente, la oferta decayó el pasado 21 de octubre sin que se alcanzara una solución que permitiera asegurar la continuidad de los tratamientos.
La salud de los pacientes debe prevalecer sobre los intereses empresariales
El Consejo General de Dentistas ha denunciado las consecuencias de esta crisis y ha solicitado explicaciones sobre los 40 millones de euros de financiación pública que Vivanta recibió en 2022, a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, gestionado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
Su presidente, el Dr. Óscar Castro Reino, ha insistido en que los pacientes no pueden asumir las consecuencias de una crisis empresarial que afecta directamente a su salud.
Este nuevo episodio vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de establecer mecanismos de protección económica y asistencial ante el cierre de clínicas dentales. El Consejo General reclama también una legislación específica sobre publicidad sanitaria que evite prácticas comerciales engañosas y garantice que los criterios clínicos prevalezcan sobre los intereses mercantiles.
¿Qué deben hacer los pacientes afectados por el cierre de Vivanta?
Ante esta situación, desde COEL trasladamos las principales recomendaciones del Consejo General de Dentistas:
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Conservar toda la documentación: presupuestos, contratos, facturas, justificantes de pago, documentación de financiación, consentimientos informados y comunicaciones recibidas.
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Solicitar la historia clínica completa: incluyendo radiografías, pruebas diagnósticas e información sobre los tratamientos realizados y pendientes. Conviene hacerlo por escrito y mediante un procedimiento que permita acreditar la solicitud.
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Revisar los contratos de financiación: cuando exista un crédito vinculado al tratamiento, debemos comunicar la situación a la entidad financiera y presentar la reclamación correspondiente. La legislación contempla determinados derechos frente al prestamista cuando se cumplen los requisitos legales.
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Reclamar los tratamientos abonados y no realizados: conservando los justificantes de pago y siguiendo los procedimientos de reclamación que correspondan.
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Evitar interrupciones asistenciales que comprometan la salud: si un tratamiento requiere continuidad o existe alguna complicación, debemos acudir a otro dentista para recibir una valoración clínica y documentar el estado actual.
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Acudir a los organismos competentes: las autoridades sanitarias y de consumo, así como los colegios profesionales, pueden ofrecer orientación dentro de sus respectivas competencias.
La confianza y la continuidad asistencial, pilares de la Odontología
Desde COEL queremos recordar que un tratamiento odontológico no termina con su contratación ni con el abono de un presupuesto. Requiere diagnóstico, planificación, seguimiento y una relación de confianza entre el profesional y el paciente.
El cierre de Vivanta evidencia la necesidad de reforzar las garantías que protegen a quienes reciben asistencia odontológica y de evitar que las consecuencias de una crisis empresarial recaigan sobre su salud.
Reiteramos nuestro compromiso con una Odontología responsable, basada en la ética profesional, la seguridad del paciente y la continuidad de los cuidados.
