El Tribunal Supremo ha decidido frenar de manera cautelar el traspaso de competencias en materia de homologación al País Vasco. Esta decisión se produce tras el recurso contencioso-administrativo que interpuso el Consejo General de Dentistas contra el Real Decreto 366/2024, que transfería al País Vasco las competencias para homologar títulos universitarios.

El 24 de julio de 2024, hace aproximadamente un mes, el Consejo General de Dentistas presentó un recurso contencioso-administrativo contra el mencionado Real Decreto. En dicho recurso, admitido a trámite por la Sala Tercera del Tribunal Supremo, la Organización Colegial solicitó como medida cautelar la suspensión inmediata del Real Decreto impugnado.

El Tribunal Supremo ha considerado procedente adoptar la medida cautelar solicitada por el Consejo General de Dentistas, así como por varios Consejos Sanitarios que también habían recurrido. Por lo tanto, el Real Decreto 366/2024 queda suspendido hasta que se resuelvan los recursos presentados. De esta forma, la efectividad de la transferencia de competencias de homologación de títulos universitarios, que había entrado en vigor el 1 de julio, queda en suspenso de manera cautelar.

Es importante recordar que las competencias para la homologación de títulos, según lo establecido en la Constitución y en el Real Decreto 889/2022, de 18 de octubre, son del Estado, con la participación obligatoria de los Consejos Generales mediante la emisión de informes sobre las solicitudes de homologación de títulos extranjeros. Por tanto, además de la posible falta de competencia autonómica, el traspaso de estas competencias al País Vasco supondría un incumplimiento de este reconocimiento expreso a los Consejos Generales.

A pesar de estas consideraciones, el Consejo de Ministros aprobó la transferencia de dichas competencias el 9 de abril, decisión que se originó en el acuerdo suscrito entre el PSOE y EAJ-PNV el 10 de noviembre de 2023 para la formación del nuevo Gobierno, que incluía el compromiso de transferir al País Vasco «los medios para homologar y declarar la equivalencia de los títulos académicos obtenidos en sistemas de educación superior extranjeros».

El Dr. Óscar Castro Reino, presidente del Consejo General de Dentistas, celebra la decisión del Tribunal Supremo, indicando que “dotar al País Vasco de estas competencias tendría dos importantes consecuencias. Por un lado, se pondría en peligro el principio de equidad, ya que cada comunidad autónoma podría imponer sus propios requisitos para la homologación; y por otro, podría provocar un efecto contagio en otras regiones que también solicitarían disponer de dichas competencias en caso de sufrir escasez de profesionales sanitarios.»